El Gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién, siendo candidato, realizó la promesa de implementar la “justicia oral sin pretextos”, lo que se transformó en mandato, afirmó el Secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, en la Sesión Ordinaria del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro. El funcionario realizó la presentación del programa que se realiza en el estado para lograr la correcta implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
En su exposición, el Secretario recalcó que con la aplicación de este Sistema se provocará la creación de una cultura de paz en la ciudadanía, ya que se pasará de un esquema enfocado al lucimiento del estado, porque actualmente es quien recibe la demanda, investiga, consigna y castiga; a uno en el que el ciudadano es el centro y figura principal, ya que interviene no sólo en la presentación de una denuncia, sino también en la aceptación de acuerdos para el resarcimiento del daño.
Un aspecto fundamental para asegurar el éxito en la implementación, es la atención diferenciada de las denuncias, ya que desde que el ofendido se acerque para presentar una demanda será canalizado a una unidad especializada en el delito señalado, a fin de recibir la atención adecuada y que la respuesta de su asunto sea de manera eficaz y eficiente.
Además, en atención a la encomienda del Gobernador de realizar las innovaciones necesarias para una mejor atención de los ciudadanos, la Jefatura de la Defensoría Pública del Estado tiene proyectada la contratación subrogada de defensores, quienes deberán ser avalados por los organismos de profesionistas del derecho acreditadas en la entidad, y siguiendo los preceptos contenidos en un código de ética, realizarán esta actividad bajo la vigilancia, capacitación y actualización de un organismo integrado por representantes de la sociedad civil, por lo que los ciudadanos contarán con mecanismos que permitan una mayor transparencia, capacidad y profesionalismo.
También recalcó la relevancia de llevar a cabo una restructuración jurídica coherente al nuevo sistema, ya que se requiere de la modificación de 115 ordenamientos legales para la funcionalidad óptima del proyecto, por lo expresó su confianza en que los diputados locales lograrán las reformas necesarias y contar, al mes de mayo, con un marco jurídico acorde al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
